Por amplia mayoría, el Senado dio su apoyo a una nueva prórroga para el resguardo de áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, y de Antofagasta, medida que regirá por 90 días más, una vez que sea ratificada por la Cámara de Diputados y Diputadas.
Del oficio presidencial se desprende que “ha promovido la coordinación interinstitucional entre las policías, las fuerzas armadas y el gobierno, tenido positivos efectos en la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados”.
Sin embargo, el senador José Miguel Durana (UDI) manifestó que la llegada de inmigrantes irregulares y de bandas criminales a Chile está descontrolada y que si bien, el Decreto original está pronto a cumplir un año de vigencia, los resultados no son precisamente exitosos.
“Más allá de una danza de cifras que provienen del gobierno, es especialmente relevante lo informado por la PDI que informaba que a septiembre de 2023 habían ingresado a Chile 35 mil inmigrantes irregulares y hasta fin de año, esa cifra se proyectaba a más de 50 mil”, recalcó el legislador.
Así y todo, afirmó el parlamentario, las cifras de la PDI no representan el total, puesto que esta se refiere a las personas que son detectadas o se auto denuncian y si a esto se suma el ingreso incontrolado de personas por Colchane y en el Complejo Changará en Parinacota, después de las 18 y 19 horas, respectivamente, es un fenómeno que no se puede dimensionar.
“El efecto de la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, con las limitaciones establecidas en el mismo Decreto, en cuanto a su objetivo de contribuir al control migratorio, ha sido en gran medida inútil y su mantención debe pasar por una seria revisión de las atribuciones de las Fuerzas Armadas para ejercer estas funciones”, subrayó Durana Semir.
En cuanto al segundo objeto del Decreto, en relación a la función de “detección de crímenes, simples delitos y faltas” que le es encargada a las FFAA, en las áreas delimitadas por el documento, dijo que se trata de un claro fracaso.
“Hace más de un año pedimos se decrete estado de excepción en las regiones del norte afectadas por la delincuencia y la llegada de bandas criminales internacionales. No se oyó nuestra solicitud. ¿Cuánto más debemos esperar para ello?, el deterioro de la seguridad pública en el norte no admite seguir esperando”, finalizó.